EL CASO DEL SENDERO
El contralor de Tunja, Marco Aurelio Cely Higuera, denunció esta semana que el municipio de Tunja contrató en octubre del año pasado la construcción de un sendero peatonal en el sector del barrio Santa Inés, sin haber adelantado estudios que permitieran determinar la viabilidad de ese proyecto.
"Al contratista le adelantaron 193 millones de pesos y cuando fue a empezar la obra se dio cuenta de que no había estudios ni diseños", dice el Contralor.
Agregó que el contratista ha querido hacer la obra en otros sectores para cumplir con su parte, pero que no ha encontrado donde. "Ahora está alegando que ha tenido gastos de administración porque compró equipos y que él puede terminar siendo damnificado".
Cely dice que el tema de la corrupción en Tunja no deja de preocupar y que no es cierto, como creen algunos, que seamos ajenos a ese flagelo.
Finalmente dijo que en los bancos se encuentra todavía una cantidad considerable de recursos provenientes del empréstito por 12.000 millones que contrató la anterior administración de Tunja.
LA ETICA PÚBLICA
La ética, al referirse al ámbito público, implica necesariamente relacionarse con la política, no se limita a los funcionarios públicos. Un buen gobierno no sólo requiere funcionarios responsables sino también políticos responsables, puesto que son éstos últimos principalmente quienes gozan del máximo margen de autonomía en las decisiones y de estas decisiones depende a su vez la actuación de los principios. La ética pública es un elemento importante para hacer contrapeso no sólo a la corrupción sino a las distintas actitudes antiéticas al inyectar un conjunto de principios y valores y así revitalizar por un lado a las instituciones públicas y por otro a los servidores públicos, entendiendo como tales a aquellas personas que ocupan un cargo público y sirven al Estado: políticos y funcionarios. La ética no pretende ser la panacea a los problemas que enfrenta la administración pública, ni la varita mágica para acabar con la corrupción, sino un instrumento más de la “caja de herramientas” para combatirla. Es el ingrediente adicional para hacer más sólido el dique que contenga el mar de corrupción.
La corrupción en el interior de las administraciones públicas genera un derroche de recursos, ineficacia en el cumplimiento de las metas, así como ineficiencia en la prestación de servicios. Quienes han conocido la corrupción son tocados por la ambición la que les impulsa a engañar, estafar de manera impropia, sin ningún tipo de escrúpulo.
Para Jaime Rodríguez-Arana (1998,6) “El objetivo material de la ética serían los actos humanos de funcionarios públicos, la rectitud moral de la actuación del funcionario.” La ética busca cultivar la inteligencia en valores y moderar el carácter de los gobernantes, y si bien ésta es importante en cualquier disciplina, lo es más en la política y en la administración pública porque ambas son responsables de conducir los asuntos de un Estado.
PROPUESTA DE SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA
- En una primera fase se trataría de recordar, enseñar y reafirmar el valor de la Ética como materia que permite resolver los conflictos y evitar contravalores. la deliberación genera concienciación y ésta sienta las bases para el "decorum". En esta primera fase, y acaso por cierta necesidad de marketing, se podrían señalar los beneficios que genera la Ética: compromiso, transparencia, calidad y mejores resultados.
- En una segunda fase se hace imprescindible asignar un responsable, integrar un equipo ético y generar una misión institucional. El grupo ético debería seleccionarse, entre "sabios": personas íntegras, con experiencia en la administración o provenientes del mundo académico. Formarían un Consejo Ético. Las funciones de tal Consejo Ético serían: fomentar y vigilar la aplicación de la ética, identificar los valores deseables y aclarar el tipo de servidor público que genere seguridad, confianza, responsabilidad, rapidez, amabilidad, economía y calidad.
- En una tercera fase se diseñarían instrumentos de trabajo. Los básicos son: un marco jurídico ético —mediante la incorporación de principios de espíritu público a la Constitución, y también elaborando leyes de Ética Pública—; la elaboración de códigos de ética que permitan no sólo definir y señalar los principios éticos, sino también enumerar las responsabilidades y sanciones y de ésta manera generar un profesional de la Ética Pública que, se encargue de vigilar y fomentar la ética por todo el cuerpo político y social.
- Finalmente, en una cuarta fase, se requiere de supervisión, control y evaluación. La clave está en potenciar la supervisión ciudadana, para lo cual podría utilizarse el diseño de un adecuado sistema de quejas y denuncias de las conductas antiéticas, así como un sistema de sanciones ejemplares —que no excluye el despido. Sería oportuno potenciar la creación de sistemas de comunicación ciudadana orientados a fomentar la idea de servicio público como servicio destinado al bien común.
